Este lunes 1 de marzo se inició el año escolar 2021 en Chile, en un escenario marcado por la pandemia que obligó al cierre presencial de las escuelas en 2020. Según el balance del Ministerio de Educación, alrededor de 3 mil establecimientos en el país iniciaron sus clases presenciales, con medidas sanitarias, como sistemas de turnos y días alternos, planificados para que haya distanciamiento social.
Se trató de una planificación abordada por los establecimientos, que entregaron un plan de funcionamiento 2021 al Mineduc (el 100% de los 9.429 establecimientos de educación escolar entregó dicho plan). Además, un Consejo Asesor realizó recomendaciones para el año escolar con orientaciones en cuatro ejes: monitoreo del retorno de las clases presenciales, medición del impacto que ha tenido la pandemia en los aprendizajes, generación de instancias para compartir las experiencias y buenas prácticas, y fomento de la participación de las comunidades. Para ello, el Consejo Asesor revisó la experiencia de países que ya habían reabierto las escuelas.
¿Qué dice esa experiencia? Dos informes del Instituto de Estudios Avanzados en Educación analizaron cómo lo hicieron algunos países como Uruguay, Japón, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Dinamarca, República Checa, Grecia y Corea del Sur tanto a nivel de las escuelas en general, como en la educación parvularia.
“Las decisiones de cuándo reabrir consideren las particularidades de cada región y comunidad. La decisión de retomar las clases no es de carácter dicotómico –reabrir o no reabrir-, sino que corresponde a un proceso gradual, con matices, priorizando inicialmente ciertos territorios, grupos y cursos”, señala el informe.
Y agrega que, en los países analizados, la decisión de la reapertura “coincide con la mantención de un número reducido de casos y/o caída sostenida en el número de nuevos casos, además de una alta capacidad de testear, trazar y aislar los posibles nuevos casos”.
Puntos cruciales en la experiencia internacional han sido la gradualidad y la participación de la comunidad. “Es relevante que existan condiciones generales para iniciar la apertura y que éstas sean conocidas y coordinadas con todos los actores, pues durante el proceso de apertura existirá una opinión heterogénea de familias y docentes, por lo cual muchas familias enviarán a sus hijos a los centros educativos en forma diferenciada”, señala el informe. Por eso, agrega que la experiencia internacional destaca “la importancia del involucramiento de la comunidad escolar en este proceso, mediante un diálogo simétrico y sostenido con las autoridades centrales”.
En ese sentido, el académico del IE e integrante del consejo asesor, Juan Pablo Valenzuela, indica que hay algunos puntos clave para generar la confianza de parte de las comunidades educativas.
El primero: que la comunidad participe en la elaboración de protocolos sanitarios, a través de la participación de instancias como centros de alumnos, consejos escolares y reuniones de padres, que pueden convertirse en espacios participativos. Por ejemplo, el Consejo de Directores de Escuelas Estatales (CCSSO, por su sigla en inglés) en Estados Unidos estableció el compromiso de profesores/as, trabajadores/as, apoderados y de la comunidad escolar, en general, como una condición necesaria para pensar en la reapertura de los establecimientos educacionales. En el caso de Wisconsin, este compromiso se fomentó a partir de la creación de comités en los diferentes distritos que incluyeran a los diversos actores en la planificación de estos procesos, para así mejorar la comprensión de las regulaciones y protocolos del sistema.
Dicha participación debe complementarse con la entrega de información oportuna y veraz. Pero no basta con esto, dice Valenzuela: “Hay que permitirles a los apoderados que puedan experimentar, por ejemplo, los protocolos sanitarios, para que puedan ver con sus propios ojos cómo funcionan”.
El experto añade que la información debe ser transparente: “la reapertura actual no garantiza que no vayan a haber contagios, sino que se está minimizando el riesgo”.
En ese sentido, los establecimientos y las comunidades educativas deben tener, además, planes para el caso de que tengan que volver a la educación remota.
El tercer factor crucial, dice, es reflexionar sobre lo insustituible que es la experiencia de clases presenciales. “La presencialidad es insustituible, no sólo por las oportunidades de aprendizaje, en especial para los niños más desaventajados, sino que por su impacto en la salud mental y sociabilidad”, dice Valenzuela. Y menciona evidencia sobre el impacto de suspender las clases presenciales. Por ejemplo, en EE.UU. cuando se retomaron las clases presenciales el año pasado, las brechas entre los estudiantes de kínder a quinto grado que volvieron a clases y los que se mantuvieron en educación remota aumentaron 30% en matemática y 10% en lenguaje, respecto de los 3 años anteriores.