En esta columna, publicada por el diario El País Chile, las académicas del IE e investigadoras CIAE, Marcela Pardo y María José Opazo, analizan el articulado del proyecto de ley que reconoce a los niños y niñas como titulares del derecho a la sala cuna y analizan qué es lo que falta para que ese derecho sea verdaderamente universal.
El gobierno le puso urgencia al proyecto de Sala Cuna y eso significa que este martes comenzó a ser discutido en las comisiones de Hacienda y Trabajo, en su segundo trámite constitucional, para luego continuar su tramitación en la Cámara de Diputados. En su reciente paso por el Senado, la normativa tuvo un avance crucial, pues se incorporó un nuevo artículo a la Ley General de Educación (LGE) que reconoce a los niños y niñas menores de dos años como titulares del derecho a acceder a sala cuna. Esto es clave, pues implica que el derecho deja de estar asociado al empleo formal de padres o madres, y pasa a ser algo que inalienablemente de los niños.
En ese sentido, la propuesta traslada la discusión desde el ámbito laboral hacia el educacional y permite consagrarlo como un derecho desde el nacimiento. Sin embargo, para que este avance sea plenamente equitativo, es imperioso hacer una precisión: este derecho debe garantizarse a cada niño y niña, incluyendo a aquellos cuyos padres no trabajan formalmente.
La discusión legislativa de este proyecto en los últimos años ha mantenido el acceso acotado al sector laboral formal, excluyendo a un segmento masivo y vulnerable de nuestro país. En Chile existen más de 2,5 millones de trabajadores informales (27,5% de ocupación), cerca de 900 mil personas desocupadas (8,7%) y más de 1,3 millones de mujeres inactivas que declaran no trabajar por labores permanentes de cuidado. Estos grupos se concentran abrumadoramente en los sectores de menores ingresos. Como muestran los datos de la encuesta CASEN 2022, la asistencia a sala cuna alcanza apenas un 13,82% en menores de dos años y es aún más baja en los hogares en pobreza extrema (1,2%). Así, la falta de acceso verdaderamente universal a la sala cuna no hace más que profundizar las brechas de género en el mercado laboral, donde las mujeres soportan las mayores tasas de informalidad, desempleo e inactividad del país.
Aquí es donde el derecho a la educación desde el nacimiento se entrelaza con la evidencia científica. Esta es categórica al señalar que es precisamente en los niños y niñas de familias de menores ingresos donde la educación parvularia de calidad ejerce su mayor impacto positivo, potenciando su desarrollo integral. Por ende, condicionar el acceso al empleo formal de los padres produce una grave contradicción: se vulnera el derecho a la educación de los niños y niñas excluidos y, al mismo tiempo, se priva del espacio educativo precisamente a quienes, según la evidencia, más se beneficiarían de él.
Más aún, la propia tramitación del proyecto de sala cuna universal da cuenta de dicha tensión. El mecanismo -rechazado en el Senado- que buscaba financiar el fondo mediante una cotización a cargo del empleador y de los trabajadores independientes, evidencia la persistente lógica de tratar la sala cuna como un beneficio ligado al empleo formal. Si entendemos que el derecho a la sala cuna corresponde universalmente a cada niña y niño, su financiamiento debiera seguir la misma lógica: sostenerse en rentas generales del Estado y no en cotizaciones que, por su propio diseño, excluyen a los padres no participan del mercado laboral formal.
Chile cuenta con una institucionalidad pública robusta para avanzar gradualmente hacia una cobertura de la sala cuna verdaderamente universal, a través de JUNJI y Fundación Integra. El desafío ahora es dar un paso decisivo: reconocer plenamente a niñas y niños como titulares del derecho a la educación y asegurar que el Estado sea responsable de garantizar su realización, independientemente del contrato de sus padres. Esa es la transformación que el país necesita: dejar atrás un sistema que condiciona el acceso a uno que garantiza derechos.