En esta columna, publicada en diversos medios de comunicación, las académicas del IE e investigadoras del CIAE de la Universidad de Chile, María José Opazo, Marcela Parco y Blanca Barco, analizan los avances y desafíos que plantean las indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal para fortalecer la educación parvularia como un bien público.
La presentación de indicaciones al proyecto de ley de Sala Cuna Universal representa una oportunidad para reformar una ley de 109 años y retomar una discusión que Chile ha mantenido abierta por más de dos décadas. Se trata de una reforma largamente esperada, que puede redefinir la forma en que el Estado garantiza el acceso al cuidado y la educación de niños y niñas en sus primeros años de vida.
Un punto de estas indicaciones no discutido hasta ahora es que, en nuestra legislación actual, para recibir fondos públicos los establecimientos educativos deben ser sin fines de lucro (Ley 20.845) y contar con Reconocimiento Oficial (Ley 21.753), por lo que las indicaciones no pueden contemplar la entrega de recursos a establecimientos o sala cunas privadas, independiente de que cumplan con el Aseguramiento de Funcionamiento entregado por el MINEDUC.
Una nota a este último respecto: a diferencia del Reconocimiento Oficial de los establecimientos públicos, la Autorización de Funcionamiento de los establecimientos privados no asegura la calidad, pues no garantiza un acompañamiento técnico-pedagógico, ya que las visitas evaluativas de la Agencia de Calidad de la Educación se realizan sólo cuando los establecimientos lo solicitan formalmente, es decir, son voluntarias.
Aún existe una oportunidad de mejora. La Ley 21.753 de Modernización de la Educación Parvularia (2025) autoriza a establecimientos públicos a tener programas alternativos y regular el "calendario parvulario". Estos instrumentos permiten que los establecimientos públicos se flexibilicen: ampliar horarios, adaptar calendarios, crear modalidades innovadoras. Con la inversión directa desde este proyecto de ley, los establecimientos públicos podrían aumentar su oferta de programas y flexibilizar su cobertura sin necesidad de fragmentar aún más el sistema.
Avanzar hacia un proyecto de ley de sala cuna universal requiere que el diseño de la política sea coherente con el marco regulatorio vigente, el cual prohíbe el traspaso de fondos públicos a establecimientos privados con fines de lucro y con los estándares de acompañamiento técnico-pedagógico de nuestro sistema de educación parvularia. En ese contexto, las indicaciones presentadas abren avances importantes, pero también plantean desafíos que es necesario abordar para asegurar que esta expansión fortalezca la sala cuna como un bien público.